Por fin una buena noticia: la crisis debería desmantelar el Estado funcionarial

No toda las noticias económicas iban a ser nefastas. La crisis ha forzado ciertos descubrimientos que eran evidentes para la Ciencias Económicas, Sociales incluso para las Ciencias Esotéricas. En España existía -y todavía existe- una mitificación enfermiza por el funcionariado. Ser funcionario o, al menos, empleado público a secas, ha sido uno de los grandes deseos de buena parte de la población española. Conseguir un empleo seguro, permanente e inamovible todavía es el paradigma del éxito de muchas generaciones que parecen haber heredado genéticamente las penurias de la posguerra, aun cuando hayan nacido 50 años después de la conclusión de la contienda bélica. Ahora cuando papá Estado está aquejado de graves dolencias y tiene problemas para pagar las nóminas de tantos empleados, se echa en falta no disponer de empresas competitivas y, sobre todo, de emprendedores que ayuden a tirar del carro de manera autónoma y con iniciativa propia.

El Estado (y cuando digo Estado lo hago genéricamente, englobando a la administración autonómica, local y periférica) ha fracasado, si es que alguna vez lo ha intentado, en el fomento de una clase empresarial independiente y competitiva. Una labor que debe acometerse a muy largo plazo, partiendo de políticas basadas en la innovación, la competitividad, la aptitud y la formación permanente con vistas no sólo al autoempleo sino al empleo reproductivo, es decir, conseguir que un puesto de autompleo pueda producir varios empleos asalariados. Esta labor que persigue la creación de un tejido empresarial competitivo y sostenible que aproveche las nuevas oportunidades que brinda la sociedad de la información, lleva aparejada un decidida apuesta por la desincentivación del empleo público. Dado que una buena parte de los empleados públicos son funcionarios, y por tanto, con un estatuto jurídico blindado, y otra buena parte son trabajadores con contrato fijo, el ajuste de plantillas deberá hacerse sin traumas y mediante precisos planes que excedan, en su implementación, más de una legislatura, por lo que necesariamente deberán acometerse desde el consenso entre partidos a fin de que ese programa se cumpla con independencia de las normales oscilaciones en el gobierno de la nación. El ajuste de plantillas permitiría un ahorro considerable y una desviación de recursos hacia esa nueva economía sostenible que tanto se predica pero que tan mal se pone en marcha.

Modificar hábitos y costumbres no es fácil. El Estado del Bienestar, que ahora se tambalea, tal vez ha mimado demasiado a sus vástagos, que ahora deben salir al mundo solos, con una mentalidad de funcionarios, a comerse el mundo. Es el momento de comenzar a modificar esa mentalidad de clase pasiva y ponerse manos a la obra para escapar, como decía Braudel, de «esas prisiones de larga duración».

Medidas a largo plazo:

Desincentivar el empleo público:

España no es el país con más empleados públicos de Occidente, tesis esgrimidas por quienes abogan por el mantemiento del estado de cosas actual, que normalmente también son empleados públicos universitarios. Esta aseveración es cierta, pero esconde una verdad. España es uno de países con más funcionarios del mundo en relación con su población productiva. No es una diferencia baladí. No es lo mismo ser empleado público que funcionario. Un empleado público es una persona que trabaja para la administración, y esta persona puede desempeñar sus servicios en calidad de de funcionario o contratado en régimen ordinario, es decir una relación común patrono – trabajador en la que el patrono es una administración. Por tanto, precisamos que en esos otros países donde existen más empleados públicos que en España, estos no son necesariamente funcionarios sino contratados. Es en España, donde el número de funcionarios, en relación a los empleados públicos en su conjunto, y la población activa en general, es anormalmente alto.

En España quien accede al empleo de Administración tiene la intención de quedarse indefinidamente, es decir, aunque entrase con contrato temporal o fijo, pretende adquirir su puesto «en propiedad», a la primera oportunidad que tenga. Ser funcionario es el objetivo y se sabe que ese puesto que se ocupa como empleado a secas puede convertirse en un puesto de funcionario a corto, medio o largo plazo. Cada año que pasa hay más posibilidad. Muchas oposiciones hacen primar los años de servicio en el mismo puesto, por lo que a mayor tiempo de servicio existe mayor probabilidad de convertirse en funcionario. Eso ocurre en pocos países de nuestro entorno. Ser funcionario se convierte en objetivo primario en la carrera profesional de muchas personas.

Este objetivo existe por una razón. Porque en nuestro país los puestos de funcionario abundan por doquier. Es decir, en otros países los puestos de funcionarios se reservan para ciertas ocupaciones que requieren de los características propias de un puesto de funcionario: la inamovilidad, normalmente rasgos que deben revestir aquellas ocupaciones que implican ejercicio de autoridad, como las de jueces, fiscales, policía o inspección de tributos. El resto de puestos de la administración se destinan a empleados, esto es, empleados sometidos al régimen general de contratación. Unos y otros, funcionarios y empleados, son empleados públicos, pero los simples empleados pueden ser despedidos, como si trabajaran para el sector privado.

En España, en cambio, los puestos de funcionario se reservan a casi cualquier actividad o sector de la administración. Es más, la mayoría los empleos son meramente administrativos que no implican en modo alguno ejercicio de autoridad. El típico «funcionario de ventanilla» desempeña un trabajo que puede desempeñarse por un empleado, sin tener que disfrutar de esa forzada inamovilidad.

Por tanto, en nuestras administraciones, dentro del genérico grupo de empleados públicos, cohabitan funcionarios y empleados, pero los primeros en proporción anormalmente alta respecto al de empleados. El núcleo del empleo público debe estar formado exclusivamente por funcionarios, y estos puestos reservados a quienes tengan responsabilidad y ejerzan autoridad. Ampliar este núcleo convirtiendo en funcionarios a quienes ejercen puestos administrativos es una anormalidad que debe corregirse a largo plazo. La Administración deberá constreñir el núcleo absteniéndose de sacar a oposición nuevos puestos que no reúnan las características apuntadas, no sustituyendo las bajas de funcionarios «anormales» por nuevos funcionarios sino por empleados sometidos a régimen ordinario, sin que exista posibilidad de «funcionarizar» ese puesto jamás. El empleado no debe tener como objetivo último de su carrera profesional quedarse en la administración en su mismo puesto (o análogo) pero transformádolo en uno de funcionario. Si quiere ser funcionario deberá concursar u opositar por los puestos de autoridad y responsabilidad.

El acceso a empleo público no funcionarial, por supuesto, deberá estar sometido a las normas de concurso habituales, pues la administraición aunque empleadora sigue siendo administración y los procedimientos de selección continúan estando sometidos a los imperativos legales (igualdad, transparencia, imparcialidad, capacidad, etc.)

Recompuesto así el sistema de empleo público, la ciudadanía, en general, obtendría varios beneficios:

1. El empleo público dejará de ser el paradigma del éxito y no se desperdiciarán talentos en buscar, desesperadamente, un puesto fijo de por vida.
2. Se equilibraran el número de plazas entre sector público y sector privado. Con el sistema actual son más caros los puestos de funcionarios de escalas inferiores que los puestos análogos en el sector privado. Como consencuencia de esto es difícil obtener un puesto de funcionario pues el ratio entre plazas y aspirantes es pequeño (incluso para escalas inferiores es facil encontrar ratios de 1/50 ó 1/100). Con el sistema propuesto los ratios aumentarán significativamente y se tenderá al equilibrio.
3. Para el aspirante seguirá existiendo un beneficio en obtener un puesto de empleado en una administración. Aunque no sea ni será funcionario, su estabilidad será mayor que las de sus homólogos en la empresa privada, y aunque pueda ser despedido, al igual que éstos, esa eventualidad es más improbable en el sector público que en el privado. Ve así recompensado el «esfuerzo» de preparse una oposición a empleado, sin que ello signifique inamovibilidad como ocurre en la actualidad.

Medidas a medio y corto plazo:

Cuando pase la crisis o cuando la situación económica ofrezca signos inequívocos de prosperidad, el Estado debe ocupar su papel en el desmantelamiento del Estado funcionarial y tomar un rol preponderante en la creación de una verdadera economía sostenible. Su política debe dirigirse a crear una clase activa y no a ciudadanos con mentes de funcionario o de pensionistas en plena juventud. Las administraciones no han de mimar a sus hijos (sus administrados) con subvenciones, subsidios y lisonjas sino mostrarles el camino de la autonomía. La subvención y el subsidio sólo habrán de reservarse para casos en que la primera opción no sea posible. Un Estado con una verdadera política de fomento generará más recursos que un Estado meramente subvencionador. El proceso de cambio de mentalidad social debe iniciarse cuanto antes, sin esperar otros veinte años a que el Estado sea nuevamente excedentario en recursos y por ello despilfarrador.

He aquí algunas medidas que pueden implementarse, e incrementarse a medida de que el Estado funcionarial es desmantelado:

• Fomento de la empresa sostenible, sustituyendo a la tradicional política de subsidio a fondo perdido.

En el sistema actual, la administración participa en la creación de empresas utilizando fórmulas anti-empresariales, concediendo ayudas a quienes reúnan determinados requisitos de naturaleza social más que económica. La administración concedente en vez de acudir a concurso de «méritos» para distribuir las ayudas, establece un concurso de «deméritos» o de circunstancia azarosas. Así, suelen gozar de preferencias quienes se encuentren desempleados o las personas con riesgo de «exclusión social» (por ejemplo, mayores de 40 años, inmigrantes, minusválidos, etc.). En pocas palabras, se conceden tales ayudas no a quienes se muestren más aptos para desempeñar una empresa viable sino a los más ineptos para desarrollar un trabajo que la sociedad de funcionarios considera envidiables (trabajo fijo en el sector público o privado o ser funcionario). Por si fuera poco, esas subvenciones están sometidas a plazo, de modo que muchas buenas ideas retrasan su aparición porque las subvenciones todavía no están disponibles. Es frecuente que las partidas presupuestarias para las ayudas se agoten a los pocos meses de se aparición, de manera que no habrá nuevas subvenciones hasta el siguiente año. Esto se debe, en parte, a que la administración, tenga poco o muchos recursos, los distribuye sin un control de viabilidad aceptable y sin establecer unas prioridades en las actividades o en los sectores a desarrollar, es decir, sin verderos criterios de partida.

• Establecer criterios razonables de subvención basados en la economía sostenible.

Las administraciones deben establecer periódicamente (por ejemplo, cada trimestre) un catálogo de sectores que requieran desarrollarse en cada provincia, basándose en la necesidades reales y previsibles. Un grupo de expertos elaborará un catálago de dichos sectores, lo suficientemente amplio y sin carácter de lista cerrada y se publicará al comienzo de cada periodo. Estos sectores servirán como criterio razonable para la concesión de ayudas en un baremo donde se valorarán exclusivamente factores empresariales de viabilidad, competencia, aptitud, experiencia y formación adecuada para la actividad pretendida. La administración deberá apostar por sectores y actividades que tengan facilidad de subsitir en la sociedad global, en el mundo de las nuevas energías y la sostenibilidad.

• Formación subvencionada congruente con los sectores a desarrollar.

Las actividades fomentadas requieren empresarios y mano de obra cualificada. Los cursos gratuitos o subvencionados que se ofrezcan deberán ser congruentes con las verdaderas necesidades, ya que su misión no será contentar o apaciguar a un conjunto de desempleados para mantenerlos ocupados con vacuas esperanzas de reinserción laboral.

• Creación de una sólida base empresarial, compuesta de personas con suficiente autonomía para autoemplearse y emplear a otros.

Quien haya realizado alguna vez un curso gratuito o subvencionado de autoempleo -generalmente dirigidos a desempleados- habrá notado que una buena parte tiene por objeto «orientar» al alumno a buscar trabajo asalariado, a enfrentarse a una entrevista de trabajo o a encontrar una oposición a la medida de su capacidad. Es un craso error. Siempre hay tiempo para hacer eso último, mientras que la fuerza creativa de la juventud puede desaparecer si no se la estimula convenientemente. Ser emprendedor es algo innato, pero muchos emprendedores desaparecen del escenario productivo sin descubrir que lo eran. Esos cursos no deben dirigirse a pastorear a futuros asalariados o funcionarios hacia un envidiable porvenir, sino descubrir y potenciar las facetas propias del emprendedor y ofrecerle las herramientas necesarias para su propio desarrollo y el establecimiento de un necesario tejido productivo.

• Reconvertir fórmulas tradicionales de autoempleo, dirigiéndolas a los nuevos sectores y actividades, y en especial a la sociedad de la información.

El régimen de sociedades cooperativas y laborales ofrece un marco idóneo y ya creado para el autoempleo y el estímulo del instinto emprendedor. Estas fórmulas han sido devaluadas porque se las utilizaba generalmente en sectores aquejados de deficiencias estructurales irreversibles. Su dinámica era, a menudo, la misma. Un grupo de empleados se quedaba en paro a consecuencia de recortes de plantilla y decidía ante el negro porvenir, mediante la recolección de ayudas de todo tipo (de esas que hemos denominado «a fondo perdido»), crear una cooperativa o sociedad laboral, en la que trabajadores y gestores serían ellos mismos. La idea no era mala, pero esas empresas rara vez funcionaban o sobrevivían al primer o segundo año. La razón era obvia: tenían por objeto una actividad en un sector que ya se había revelado poco competitivo o improductivo y para colmo ahora estaría dirigida por personas que no habían salido de su cascarón de asalariados y que, en esencia, por mucho que tuvieran participaciones y facultades de gestión, no eran más que personas con mentalidad de asalariadas. Era la crónica de un fracaso anunciado que no debe confundir al emprendedor y entender que lo que fracasó era el régimen juridico. Las sociedades laborales y cooperativas pueden ser una plataforma para comenzar proyectos modernos y competitivos, todavía no viciados por la frustración y el agotamiento.

• Evitar por todos los medios disfrazar la limosna con la actividad de fomento y desarrollo.

Las ayudas a fondo perdido son, en cierto modo, una limosna encubierta que en nada beneficia a quien la recibe ni a la sociedad en general. Pocas empresas creadas con esos fondos sobreviven al primer o segundo año; en cierto modo la administración lo sabe, por eso nunca los reclama de quienes los reciben ni les exige ninguna clase de responsabilidad. Conviene más a esos grupos con riesgos de exclusión que se asegure su medio de vida permanentemente y no solo durante los escasos meses que les dure la subvención. Para ello es más fructífero que los fondos se entreguen para proyectos con visos de viabilidad que sean capaces de sostenerse y generar puestos de trabajo que pueden ser asumidos por quienes padecen dicha exclusión. Lo contrario es tirar el dinero, frustar verdaderos proyectos viables y condenar a los excluidos a una exclusión permanente.

La crisis y la ineptitud del gobierno de Zapatero para capearla deben generar un profundo debate sobre los errores pasados (que no son sólo responsabilidad de la última administración socialista) y sobre el sistema económico que deseamos en el futuro. La próxima crisis -que necesariamente aparecerá- no tendría por qué arrojarnos de nuevo a las tinieblas o convertirnos en conejillos de indias de experimentos antieconómicos (como el Plan E) cuyas negativas consecuencias tardaremos años en superar.