
Varios meses hace que llevamos asistiendo atónitos a un acoso sin precedentes al Tribunal Constitucional, que ha de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña de un día para otro. No recuerdo haber visto un atentado tan evidente a una institución democrática desde el asalto al Congreso el 23 de Febrero de 1981. En aquella ocasión se pretendía enderezar la caótica situación de España mediante la sustitución coactiva de un sistema democrático, que estaba funcionando muy mal, por otra cosa (no sabemos qué exactamente ni en qué hubiese desembocado) alterando los mecanismos constitucionales. En el acoso al TC ocurre prácticamente lo mismo. Se pretende alterar el funcionamiento normal del Tribunal y la emisión libre de una decisión mediante una asfixia paralela del procedimiento de deliberación a fin de obtener una resolución favorable a quienes lo asfixian. Es decir, sustituir un procedimiento normal de funcionamiento por uno anormal que beneficie a los asaltantes.
Parece que lo que preocupa realmente es que los magistrados cumplan fielmente su juramento de imparcialidad y voten según su conciencia. Nuestro imperfecto sistema democrático -todos lo son- prevé que las magistraturas del TC se designen por las fuerzas políticas vivas (Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial), si bien ello no significa dependencia de los designados con sus electores. Molesta que alguno de ellos se descarríe y no rinda el sobreentendido vasallaje. Hasta que no le buscan a uno las cosquillas todo va de perlas, pero cuando se vislumbra una bofetada en público surge el problema.
Los tiempos han cambiado. Hoy ya no son vehículos de la División Acorazada Brunete deambulando por Madrid quienes ponen en peligro el sistema democrático, sino políticos que azuzan a grupos periodísticos para mostrar el fantasma de la secesión; ya no es el General Armada el que quiere apurar los resortes constitucionales para forzar al Congreso a investirle Presidente del Gobierno, sino Montilla y sus apoyos los que quieren forzar las deliberaciones del TC para santificar un Estatuto cuya regularidad jurídica no es tan pacifíca como se pretendía. El Teniente Coronel Tejero, que al fin y al cabo tenía una visión limitada, marginal y anacrónica del mundo, no es el peligro, sino los que desde el profundo conocimiento del sistema democrático, y su participación en él, pretenden socavarlo.
Señores gobernantes, den ejemplo y dejen a las instituciones que funcionen, bien o mal, justa o injustamente. Acaten sus resoluciones. Y si no les gusta el resultado hagan como tantos miles de ciudadanos hacen cuando se ven defraudados por esas mismas instituciones (por ustedes mismos): ¡joderse!
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