¿Hacia un gobierno de concentración nacional?

Santiago Niño Becerra, en una entrevista que tuvo lugar en Onda Cero ayer miércoles 26 de mayo, dijo sin rubor que no creía que hubiese elecciones parlamentarias «normales» y que el país se encaminaba hacia un gobierno de concentración nacional, eufemismo que en Francia se conoce como gobierno de salvación nacional, por esa tendencia a la exaltación patriótica que tienen nuestros vecinos y que aquí no haría mucha falta.

El remedio del golpe de timón o de bisturí ha sido uno de los grandes paradigmas de nuestra democracia. Ya en las vísperas del 23-F corrió de boca en boca entre diversos foros políticos, no sólo afines a la derecha, esa idea, ante la caótica situación socio-económica del país. El golpe de Estado vino a paralizar esa tendencia que hubiera tal vez alterado el proceso de afianzamiento de nuestra democracia. No tiene nada de extraño que un país como el nuestro, manifestamente golpista (leáse la historia constitucional española del siglo XIX y XX), acuda al golpe de bisturí cada vez que existe un problema muy gordo, precisamente, para evitar, tal vez, otro golpe peor: el de Estado. Esa idea, la sola idea de que se hable ahora, ya sin reparos, de gobiernos de concentración nacional, se barajen nombres y cifras, se revisen mecanismos constitucionales oxidados, me aterra.

¿Realmente estamos tan mal? O lo que es peor ¿realmente estaremos tan mal dentro de unos o dos años cuando empiecen a dar sus frutos las extemporáneas medidas económicas adoptadas por el Gobierno que, como medida preventiva, resulte conveniente un gobierno excepcional de esa naturaleza?

Desde el punto de vista constitucional el gobierno de concentración nacional es jurídicamente posible pues para ser presidente del gobierno no hace falta ser diputado o senador ni estar adscrito a ningún grupo parlamentario ni afiliado a ningún partido. Una vez investido el presidente del gobierno, es éste quien compone su gabinete («teóricamente» los ministros son nombrados por el rey a propuesta del presidente). Los gobiernos de concentración tienen un funcionamiento inverso a la normalidad. Puesto que se parte de un consenso entre los partidos políticos con representación parlamentaria, éstos habrán tenido que decidir quien habrá de ser investido presidente y quienes serán los miembros del Consejo de Ministros, incluso el número y naturaleza de los ministerios (añadiendo o suprimiendo los que ya existieran). En cambio, en la práctica ordinaria, antes de las elecciones generales, ya se conoce el nombre de los potenciales candidatos a la presidencia del gobierno (los que encabecen las listas de un partido participante)

Los componentes de un gobierno de concentración nacional deberán ser personas no comprometidas por los intereses de partido, ni hipotecadas por la masa electoral, dado que tienen vocación transitoria. Al recibir el cargo habrán contraído un pacto tácito con las fuerzas parlamentarias que les amparan: no permanecer en el puesto más del tiempo estrictamente necesario, lo que no deja de ser un propósito muy poco acomodable a la condición humana. De cualquier forma, como las fuerzas parlamentarias siguen conservando sus atribuciones constitucionales, podrían acudir a la moción de censura para derribar al gobernante ineficaz o que contravenga ese pacto.

Los gobiernos de concentración están llamados a adoptar disposiciones impopulares, no en vano se acude a esta fórmula en tiempos difíciles. Es la independencia de los gobernantes de concentración respecto al electorado lo que posibilita mayor objetividad en la toma de decisiones; éstas pueden ir acompañadas de medidas de suspensión de los derechos fundamentales y libertades, mediante la declaración del Estado de excepción o de sitio, si esas medidas resultaran demasiado efervescentes y ocasionaran reacciones contundentes en la población. Los derechos susceptibles de suspensión están expresamente enumerados en la Contstitución: inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión, derecho a la huelga, derechos a adoptar medidas de conflicto colectivo, entre otros.

La actuación de un gobierno de concentración nacional, por ser consencuencia de una medida excepcional y extrema, puede producir efectos perjudiciales. Si de lo que se trata es de dar una imagen de fortaleza a los agentes económicos internacionales, la adopción de la medida puede lograr su propósito pero también puede ser considerada como un signo de anarquía, y de incapacidad para afrontar esos graves problemas. Es obvio que a tales operadores económicos, les interesaría más que gobernasen partidos conservadores al uso, sin convulsiones constitucionales, que adoptasen medidas de contención de gasto, ultraliberalistas, por lo que desde esta perspectiva, si de imagen se trata, sería más recomendable convocar unas elecciones anticipadas, sin la participación de quienes se han visto involucrados en las decisiones ruinosas y cuya credibilidad está profundamente dañada. Estas elecciones las ganaría probablemente el Partido Popular por escaso margen, y aún en el caso de no ser así, y volviese a ganar el PSOE, los personajes ya serían otros y su imagen pública no estaría tan menoscabada. Es de prever que el PSOE haga un esfuerzo y coloque a la cabeza a una persona con un mínimo de prestigio internacional (tal vez Javier Solana, o quizá sería un buen momento para rescatar a Almunia o a Borrell, que poseen formación económica y el prestigio suficiente, suponiendo que quieran arriesgarse a una probable derrota electoral.)

Si se trata de algo más, que excede de la situación económica desastrosa, o que aun siendo producto de la misma, sean de esperar graves conflictos sociales que pongan en peligro la supervivencia del sistema democrático, la estabilidad política, o que, simplemente, retrasen en años la recuperación económica, quizá no sea descabellado acudir a la fórmula del gobierno de concentración, ahora que todavía esa conflictividad no ha alcanzado su punto más álgido. Es responsabilidad de quienes ostentan la representación popular analizar si los recortes previstos (que habrán de aumentar progresivamente), desembocarán en tensiones insoportables y si la merma de subvenciones, prestaciones y subsidios puede provocar  un peligroso descontento entre una población con más de 4 millones de desempleados.

Para finalizar vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué se habla tanto de gobiernos de concentración nacional por la clase política? ¿Hay desastres, peligros, tensiones que ya están previstas pero se ocultan a la población, simplemente, para retrasarlas? Por mi propio bien, no seré impaciente en averiguarlo.