El pasado 21 de marzo, el Primer Ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány, anunció su dimisión ante el Congreso del Partido Socialista (MSzP), lo que provocaba un proceso de sucesión para el nombramiento de un nuevo mandatario. Dada la situación económica tan insostenible de Hungría, uno de los países más golpeados por la crisis mundial, es probable que la nueva designación sea preámbulo de unas elecciones legislativas generales.
El millonario Gyurcsány, uno de esos nuevos ricos ex-comunistas que florecieron en el Centro y Este de Europa al impulso de los primeros vientos de cambio político, fue investido Primer Ministro el 29 de septiembre de 2004, tras la forzada dimisión de su predesor socialista, Péter Medgyessy. Las Elecciones Parlamentarias celebradas en abril de 2006 lo revalidan en el cargo. Poco después de esa victoria electoral, se desencadenan en Budapest manifestaciones cercanas a la revuelta civil. El motivo podría parecer un tanto ingenuo y pueril, pues no era más que la comprobación de una gran mentira política, del tipo a la que los españoles estamos muy acostumbrados.
Mediante la divulgación de una conversación privada, emitida por la radio pública Magyar Rádió, en la que Gyurcsány admitía ante la dirección del Partido Socialista, que mintieron durante un año y medio sobre la situación económica del país y afirmó que lo sucedido en Hungría era algo nunca visto en la Unión Europea, se había puesto al descubierto que el Primer Ministro había engañado al país y a sus electores, maquillando las cuentas del Estado muy favorablemente, al objeto de ganar las elecciones. El descontento se tradujo en manifestaciones en diversas ciudades húngaras, que comienzan espontáneamente en Budapest el 17 de septiembre de 2006 y se prolongan durante varias semanas. Desde la oposición e, incluso, desde un sector de Partido Socialista Húngaro se exigió la dimisión del Primer Ministro.
Desde esos sucesos, Gyurcsány había gobernado con el estigma de la mentira. El azote de la crisis, que ha sumido a Hungría en una quiebra sin precedentes, no puede atribuirse exclusivamente a la gestión de Gyurcsány y su gabinete, aunque él mismo reconoció, ante el Congreso de Partido de Socialista donde anunció su dimisión, que entre 2002 y 2006 se había llevado una política económica equivocada, no valorando adecuadamente las posibilidades reales del la economía húngara. Su franqueza le honra en un momento particularmente asfixiante para la sociedad magiar. A finales del año pasado el país hubo de recurrir a un paquete de rescate de 20.000 millones de euros del Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota del Estado. Las finanzas húngaras continúan estando al borde del desplome. Gyurcsány dimite como colofón a su Gran Mentira de 2006; para su desgracia, la crisis global ha hecho que su engaño se magnificara con esos terribles datos macroeconómicos y con una sociedad al borde del colapso, donde la corrupción prospera como una epidemia endémica imposible de erradicar.
El caso Gyurcsány ocupa un lugar muy destacado en el manual del Buen Estafador Político. Para que exista la estafa política debe existir un político que engaña y alguien (normalmente un elector) que cree firmemente en los hechos que se le plantean, y en virtud de dicha creencia, se inclina a votar por el estafador. No basta pues cualquier mentira, se requiere una muy determinante o un conjunto de pequeñas mentiras que, en suma, seduzcan al estafado a dirigir su voto hacia ese candidato. Sería pues discutible si Gyurcsány estafó o no a sus electores, si estos fueron tan crédulos para confiar ciegamente en las palabras de un político. Para creer ciegamente en algo hacen falta pruebas o hechos que inequívocamente demuestren la consistencia de las aseveraciones del candidato.
En eso debería aprender Gyurcsány del Presidente del Gobierno Español, José Luís Rodríguez Zapatero. En el programa electoral de PSOE para las pasadas Elecciones Generales de 2008, se incluía una medida muy llamativa, consistente en la devolución de 400 euros a, aproximadamente, 13 millones de españoles. Esa promesa electoral se llevó a efecto a cargo del superávit público con que se cerró 2007, que había ascendido al 2,3% del Producto Interior Bruto. La dádiva ascendía a 5.000 millones de euros. El Presidente, no sólo ocultaba la crisis, ni siquiera mencionaba expresamente la palabra «crisis», pese a todos los indicadores económicos, sino que pregonaba la solidez económica de España, afirmando que tenía como objetivo alcanzar la renta per cápita francesa, después de haber pulverizado la italiana. El editorial del Financial Times del 14 de enero de 2008, calificó esas afirmaciones de arrogantes, vaticinando que Zapatero podría tener que lamentar sus comentarios. El reparto de los 5.000 millones de euros no fue más que otra manifestación de esa recurrencia a las adormideras y al refugio en un electorado sonámbulo que se había dejado convencer fácilmente, una vez más, con esos cuentos con final féliz. Después de todo, la prueba de que Zapatero decía la verdad, era ese regalo condescendiente de 400 euritos por cabeza. Un país en el umbral de la recesión económica no se permitiría semejante majadería e irresponsabilidad, siendo, sin duda, infundandos todos esos malos augurios barajados por las organizaciones internacionales y que manejaba tan tendeciosamente la oposición. Según El País, los responsables del programa del PSOE justificaron la medida en
«la necesidad de mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y, como consecuencia, dar un estímulo fiscal a la economía española en momentos de incertidumbre. La deducción de 400 euros tiene, además, una lectura política: demostrar la fortaleza de la gestión socialista en materia económica en una fase en que los indicadores económicos (paro, inflación, venta de pisos…) muestran una clara desaceleración.»
Apenas un año más tarde de que el PSOE venciera las elecciones legislativas de 2008, Zapatero fuera reelegido como Presidente del Gobierno y se ejecutara la llamativa promesa de los 400 euros, la situación económica de España es deplorable. A principio de este año, el ex-vicepresidente Pedro Solbes reconoció que el déficit público superó con creces el 3% del PIB en 2008, al mismo tiempo que advirtió que este año el déficit será «sustancialmente mayor» (Fuente: El País, 14/01/2009); asimismo el desempleo alcanza cifras históricas, la morosidad se dispara y el descontento se generaliza.
Hay puntos en común en la actuación de Gyurcsány y la de Zapataro: la mentira. Pero hay una diferencia fundamental. Zapatero no sólo se limitó a engañar, sino que con manifestaciones y acciones coetáneas formó opiniones y voluntades erróneas. España marchaba viento en popa, y podía desprenderse de un pesado lastre de 5.000 millones de euros. Esos 400 euritos son los que, probablemente, conviertan a Zapatero en algo más que un Gyurcsány. Este último ya ha dimitido. Y Zapatero, ¿cuándo?
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